La Justicia Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, se declaró competente para intervenir en una acción judicial presentada por el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, en relación con el proyecto hidrocarburífero que se desarrolla sobre la plataforma continental argentina, en la zona de las Islas Malvinas.

La presentación busca que la Justicia analice la situación vinculada con las actividades de las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la Cuenca Norte de Malvinas y determine las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación argentina.

Jerónimo Guerrero Iraola, integrante del CECIM La Plata, explicó en declaraciones exclusivas a Radiofmtotal que la presentación judicial fue realizada antes de la conferencia del presidente Javier Milei.

“Nos presentamos ante la Justicia Federal de Río Grande exigiendo que se haga cumplir la Constitución y la ley argentina”, señaló.

El dirigente destacó que la resolución de la jueza federal doctora Mariel Borruto, mediante la cual se asumió la competencia sobre la causa, representa un paso importante para las organizaciones que impulsan la acción.

“Estamos con mucha expectativa. Entendemos que es central para hacer valer la plena soberanía argentina sobre nuestras Islas Malvinas”, sostuvo Guerrero Iraola.

Según explicó, a partir de esta decisión judicial se abre un expediente en el que deberán tramitarse las distintas acciones procesales. Desde el CECIM anticiparon que continuarán impulsando medidas para que la Justicia analice las actividades desarrolladas por las empresas involucradas.

Guerrero Iraola remarcó que la principal preocupación de la organización está vinculada con la explotación de los recursos hidrocarburíferos de la plataforma continental argentina.

“El petróleo que quieren saquear en nuestra plataforma continental, en nuestra Cuenca Norte de Malvinas, es petróleo de los argentinos. Debe ser para los argentinos y debe ser motor de desarrollo”, afirmó.

Cuestionamientos al Gobierno nacional

Durante la entrevista, el integrante del CECIM también cuestionó duramente la política del Gobierno nacional y puso en duda que el actual Poder Ejecutivo pueda presentarse como un defensor de la soberanía argentina sobre Malvinas.

En ese sentido, sostuvo que existe una contradicción entre el discurso oficial sobre la cuestión Malvinas y determinadas políticas económicas y estratégicas implementadas por la administración nacional.

Guerrero Iraola cuestionó, entre otros aspectos, las políticas vinculadas con el RIGI, el sistema científico y tecnológico, las universidades, los recursos naturales y la política energética.
También afirmó que algunas empresas que operan bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones tendrían vinculaciones con las compañías que participan de las actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Norte de Malvinas.

“Este gobierno que viene a enarbolar la bandera de la soberanía es un contrasentido”, afirmó el dirigente.

Desde el CECIM adelantaron que continuarán utilizando las herramientas judiciales disponibles para exigir el cumplimiento de la legislación argentina y sostener el reclamo por la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas y los recursos naturales de la plataforma continental.

Intimación al canciller

En paralelo a la presentación judicial, el CECIM y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas enviaron una carta documento al canciller Pablo Quirno para que ejerza las competencias que, según las organizaciones, corresponden al Estado argentino frente al anuncio de una ruta comercial marítima entre Punta Arenas, en Chile, y Puerto Argentino, en las Islas Malvinas.

La intimación buscaba que la Cancillería adopte medidas ante la situación planteada. Al ser consultado sobre si habían recibido una respuesta oficial, Guerrero Iraola indicó que hasta el momento no habían recibido respuesta.

La causa continuará ahora su trámite ante la Justicia Federal de Río Grande, mientras las organizaciones impulsoras anticiparon que seguirán reclamando medidas destinadas a impedir acciones que, según sostienen, vulneren la legislación argentina y afecten los derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas y los recursos existentes en la plataforma continental.