La comunidad universitaria atraviesa un nuevo escenario de conflicto con el Gobierno Nacional, ante el reclamo por recomposición salarial, mayor presupuesto para las universidades y el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de financiamiento.

En una entrevista exclusiva a Radiofmtotal Marina Stein, secretaria general de ADIUNE, explicó que los trabajadores universitarios arrastra un atraso del poder adquisitivo cercano al 51%, tomando como referencia diciembre de 2023. Según detalló, el acuerdo alcanzado en junio contempló una recomposición del 21,33%, aunque todavía permanece un retraso salarial estimado en el 31,5%.

Stein cuestionó además que, de los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional, solamente se habría cumplido con el incremento salarial y una actualización de las becas estudiantiles. Quedaron pendientes, según señaló, los fondos destinados a gastos de funcionamiento de las universidades y el financiamiento de los hospitales universitarios.

La dirigente sostuvo que para 2027 las universidades necesitarían un incremento presupuestario superior al 50% para comenzar a atender las necesidades acumuladas. Remarcó que el presupuesto universitario no se limita al pago de servicios básicos, sino que también permite sostener actividades de investigación, extensión y formación profesional.

Rechazo a la oferta del 3%

Uno de los principales puntos de conflicto surgió durante la última negociación paritaria. El Gobierno Nacional adelantó la convocatoria prevista inicialmente para septiembre y ofreció un incremento salarial del 3%.

La propuesta fue rechazada por las federaciones docentes, que la consideraron insuficiente frente al atraso salarial acumulado. Stein sostuvo que el porcentaje ofrecido ni siquiera podía ser considerado una respuesta al reclamo de los trabajadores.

En ese marco, los docentes realizaron una jornada de paro de 24 horas y anunciaron nuevas medidas de fuerza. Para el 15 de septiembre está prevista una jornada nacional de lucha y visibilización, con clases públicas y actividades en distintos puntos del país.

En tanto, el 17 de septiembre, fecha prevista para una nueva instancia paritaria, se realizarán actividades frente al Palacio Pizzurno y en distintas universidades. También comenzó a analizarse la realización de una nueva Marcha Federal Universitaria, aunque todavía no tiene fecha definida.

Reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Otro de los ejes centrales del conflicto es el reclamo para que el Gobierno Nacional aplique la Ley de Financiamiento Universitario y cumpla con las decisiones judiciales vinculadas a la norma.

Stein cuestionó que, pese a las resoluciones judiciales y a una intimación para que el Gobierno presente información y avance con la ejecución de una medida cautelar, hasta el momento no se habría producido el cumplimiento reclamado por la comunidad universitaria.

La secretaria general de ADIUNE también defendió la decisión de las organizaciones sindicales de continuar con las medidas de fuerza y las movilizaciones. Recordó que, según su evaluación, las anteriores Marchas Federales permitieron conseguir avances en materia de gastos de funcionamiento, garantía salarial, financiamiento universitario y recomposición salarial.
“No es solamente un reclamo salarial”

Stein remarcó que el conflicto excede la discusión salarial. Señaló que las universidades necesitan recursos para sostener su funcionamiento y, fundamentalmente, sus actividades académicas y científicas.

En ese sentido, destacó el rol de la universidad pública en la formación de profesionales, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico del país. También vinculó la situación universitaria con el contexto económico general y el cierre de industrias, comercios y pequeñas y medianas empresas.

“Esta universidad no está cerrando para este modelo”, sostuvo al cuestionar las políticas implementadas por la actual administración nacional.

Preocupación por la situación del CONICET

Durante la entrevista también se abordó la situación del sistema científico argentino y particularmente del CONICET, donde Stein advirtió sobre despidos, reducción de becas y dificultades para el ingreso a la carrera de investigador.

Según explicó, alrededor de 400 investigadores que aguardaban su incorporación a la carrera de investigador habrían perdido sus becas postdoctorales, una modalidad que anteriormente se prorrogaba hasta concretar el ingreso efectivo.

La dirigente señaló además una reducción de las becas doctorales y postdoctorales y una disminución de las posibilidades de ingreso a la carrera científica. A su entender, esto compromete el recambio de investigadores y el futuro del sistema científico nacional.

La situación, agregó, también alcanza a organismos como el INTA, el INTI, el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde denunció despidos, reducción de personal y modificaciones en sus estructuras.

Stein consideró que el país atraviesa una situación “dramática” para el sistema científico y tecnológico y advirtió sobre las consecuencias que estas políticas pueden tener para las economías regionales, las industrias y el desarrollo nacional.

Mientras tanto, el sector universitario se prepara para profundizar su plan de lucha y aguarda la próxima negociación paritaria del 17 de septiembre, que será clave para definir los próximos pasos del conflicto.