Advierten que el creciente endeudamiento puede llevar a consumidores a recurrir a la Justicia

El creciente endeudamiento de las familias argentinas, sumado al hostigamiento de las empresas y entidades financieras para reclamar el pago de deudas, podría generar un nuevo escenario de reclamos ante la Justicia. La advertencia fue realizada por la abogada Trinidad Trejo Juárez, quien recomendó a los consumidores agotar primero las instancias administrativas antes de avanzar con una acción judicial.

La especialista en una entrevista a Radiofmtotal explicó que, ante situaciones de cobranzas insistentes, llamados reiterados o propuestas de refinanciación que resulten imposibles de afrontar, el consumidor puede recurrir a los organismos de Defensa del Consumidor para dejar constancia de su situación y buscar una solución.

Trejo Juárez remarcó que la intención de pagar una deuda no significa que el consumidor deba aceptar cualquier condición. Las alternativas de refinanciación, sostuvo, deben adecuarse a la capacidad económica real de la persona y no comprometer sus ingresos ni los recursos destinados a las necesidades básicas de su familia.

Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con las refinanciaciones. Según explicó, muchas veces el consumidor comienza a pagar intereses y cargos, mientras que el capital de la deuda permanece prácticamente intacto, generando una situación que puede prolongarse durante años.

Por ese motivo, recomendó leer detenidamente las condiciones antes de aceptar un acuerdo y, cuando sea posible, realizar la negociación a través de Defensa del Consumidor u organismos que puedan controlar el procedimiento.

El hostigamiento como motivo de reclamo

La abogada también se refirió a las prácticas de cobranza y recordó que existen límites legales para evitar situaciones de hostigamiento. Las llamadas reiteradas, la exposición pública del deudor o mecanismos de presión que afecten su dignidad pueden ser motivo de reclamo.

En este contexto, señaló que la Ley de Defensa del Consumidor debe ser interpretada junto con las normas del Código Civil y Comercial y los derechos establecidos por la Constitución Nacional.

¿Cuándo podría intervenir la Justicia?

Trejo Juárez consideró que los amparos judiciales podrían comenzar a adquirir mayor relevancia cuando el endeudamiento termine afectando derechos fundamentales, especialmente en cuestiones vinculadas con alimentación, salud, vivienda o discapacidad.

También mencionó la posibilidad de que, frente a problemáticas que afecten a numerosos consumidores, puedan analizarse eventualmente acciones de carácter colectivo.

Sin embargo, aclaró que el amparo no debería ser necesariamente el primer camino, principalmente porque implica costos y asesoramiento profesional que muchas familias endeudadas no están en condiciones de afrontar.

Por eso insistió en que la primera alternativa debe ser acudir gratuitamente a Defensa del Consumidor, tanto para buscar una negociación como para dejar registrado que existe voluntad de pago.

“Hay que sentar precedentes”

La especialista sostuvo que resulta importante que los consumidores comiencen a realizar sus reclamos y dejen constancia de las dificultades que atraviesan.

“Yo tengo intención de pagar, pero esta intención de pagar no implica meterme en un plan de pago leonino”, explicó durante la entrevista.

En ese sentido, consideró que la acumulación de reclamos puede contribuir a generar nuevos antecedentes y abrir discusiones judiciales sobre los límites que deben existir frente al endeudamiento y las prácticas de cobranza.

La situación adquiere especial relevancia en un escenario donde muchas familias aseguran que sus ingresos ya no alcanzan para cubrir simultáneamente alimentos, alquiler, servicios, salud y obligaciones financieras.

La recomendación es no aceptar refinanciaciones sin analizar sus condiciones, registrar los reclamos y recurrir en primera instancia a los organismos de Defensa del Consumidor. Si la situación termina afectando derechos fundamentales y las vías administrativas no ofrecen una solución, podría quedar abierta la posibilidad de recurrir a la Justicia.

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